Aunque el manual va dirigido principalmente a profesionales en sistemas de justicia penal (SJP) que trabajan con jóvenes con experiencia en consumo de drogas, también puede ser relevante para responsables políticos y planificadores. El problema del consumo de drogas entre estos jóvenes no puede abordarse únicamente con intervenciones aisladas; debe gestionarse mediante políticas sociales, sanitarias, educativas y de justicia penal adecuadas que establezcan un marco de apoyo y garanticen una estrecha cooperación entre todos los sectores pertinentes, con roles y responsabilidades bien definidos para todas las partes interesadas y una provisión adecuada de financiación y recursos.
El manual contiene un total de diez estándares orientados a mejorar la calidad de las intervenciones teniendo en cuenta aspectos como que las intervenciones estén sustentadas en la evidencia y se evalúe su eficacia, que existen estructuras y procesos para garantizar la calidad de las implementaciones, que las vulnerabilidades y necesidades complejas de estos jóvenes constituyen un eje central de las intervenciones, que se garantiza la continuidad de la intervención dentro y entre los servicios y las intervenciones comunitarias, que se promueve y garantiza la participación activa de los jóvenes en el diseño e implementación de la intervención y, entre otros, que los profesionales demuestran competencia profesional y respetan los principios éticos y códigos de conducta profesional.
